La paz con justicia social es un anhelo de los pueblos del mundo: sumidos en la miseria, la explotación y la represión que constituyen una guerra permanente contra el desarrollo social y la vida digna. El sistema capitalista, cuya lógica es monopolizar las riquezas en pocas manos en detrimento de las mayorías, constituye en sí mismo una forma de guerra permamente. El gran capital implementa la guerra contra los pueblos; una guerra económica que asesina cada día a 57.000 personas por hambre, el 90% de ellas son niños. Según el PNUD 10 millones de personas mueren cada año debido al hambre o las enfermedades derivadas de la malnutrición; hay en el mundo más de 925 millones de personas que pasan hambre; y se produce comida más que suficiente para todos los seres humanos [1]. Jean Ziegler expresa la dimensión de esta guerra contra la humanidad: “cada cinco segundos, un niño de menos de diez años muere de hambre. 57.000 personas mueren de hambre cada día. 1.000 millones de personas son gravemente invalidadas o sufren secuelas graves por desnutrición. La agricultura mundial podría alimentar normalmente con 2.200 calorías diarias a 12.000 millones de personas, y sólo somos 7.000 millones. No existe una fatalidad objetiva en el hambre. Un niño que muere de hambre es un niño asesinado. El problema no es la producción sino el acceso, los precios. El hambre es pura violencia estructural, un orden caníbal del mundo." [2]
En algunos puntos del planeta esta guerra económica implementada contra las mayorías despojadas y empobrecidas alcanza su paroxismo más atroz: son los lugares en que el gran capital acelera la fase de despojo y saqueo, ejerciendo la piratería más arrolladora, respaldada por la violencia de estados que le son funcionales, por la violencia de ejércitos mercenarios, de guerras de ocupación. Este paroxismo capitalista se plasma en países como Libia, el Congo, Irak o Colombia, por nombrar algunos. En esta serie de textos trataré de plantear algunas líneas de fondo para el necesario debate que es camino hacia una paz verdadera, con justicia social. Parto desde la premisa de que el hambre es guerra; la justicia social es paz.
1. Breves consideraciones sobre semántica y cultura de ‘aceptación del saqueo’ disfrazada de ‘cultura de paz’
En momentos en que las contradicciones entre acumulación de capital y supervivencia de la especie y del planeta alcanzan niveles ostensiblemente críticos, y en que el complejo militaro-industrial necesita cada vez más guerras para seguir su crecimiento perverso -y por ello las fomenta a escala planetaria-, aparece como un imperativo ético y político el análisis de las guerras de manera medular: no podemos ya contentarnos con las explicaciones postizas y seudo antropológicas de“son guerras tribales” o bien “no hay cultura de paz en esos pueblos”: pronunciamientos cuya naturaleza distila colonialismo y constituye la argucia para evitar ir al centro del problema. Evidentemente hay plétora de seudo estudios basados en esas premisas cosméticas e indolentes a ojos de la cruenta realidad de la guerra que arrastra al sufrimiento a millones de seres humanos. Aquellos que tienen un altísimo interés en impedir la comprensión de la realidad, y por consiguiente la posibilidad concreta de transformación de la misma, financian estos tanques de pensamiento. Sería digno de aguaceros de risas en una representación de teatro grotesco la existencia de “Estudios de Preservación del Medio Ambiente” financiados por la industria farmacéutica o petrolera, o bien la existencia de “Cátedras de Cultura de Paz” cuya línea se dedica a esquivar el análisis de la raíz de la guerra. Cátedras impartidas en Europa o EEUU, en países en los que radican las principales empresas fabricantes de armas, y las depredadoras energéticas: unas cátedras que se centran en enseñarles a becados provenientes de países como el Congo, Afganistán, Colombia, etc, la manera de ser más ‘pacíficos’, de‘resolver los conflictos desde la civilidad’ y de ‘desarrollar una cultura de paz’, obviando olímpicamente que la guerra y la paz tienen raíces económicas y se desarrollan en contextos de desigualdad social, y no son meros asuntos de‘cultura de paz’. Así los países que dedican millonarios presupuestos en guerras neocoloniales y cuya supremacía mundial radica en una historia de prácticas colonialistas y genocidas, muy lejanas de la cultura de paz que pregonan de fachada, imparten cátedras de asimilación mental a la cultura de la aceptación del saqueo más desmedido, a la vez que ‘bombardean humanitariamente’ en su relance colonial. Así los becarios de países que sufren la voracidad capitalista de las guerras por el saqueo de los recursos y por el posicionamiento geoestratégico, son adiestrados en la retórica que sirve para perder de vista el núcleo del problema; es el zorro enseñándoles a las gallinas con qué salsa deben ser comidas. Sería digno de risas en una representación de teatro grotesto, pero en la realidad y para las víctimas, es algo indignante.Los apelativos “guerras tribales” y demás expresiones consagradas en el campo semántico destinado a prolongar el estatus quo, encubren guerras por la acumulación de recursos, guerras fomentadas con fines geopolíticos y económicos claramente definidos por los verdaderos ‘señores de la guerra’ que son los fabricantes de armas, los mercaderes de la energía, de la alimentación industrial, y las multinacionales de químicos, todos motores de la maquinaria depredadora del planeta.
Los países concebidos en la lógica global capitalista como meras ‘bodegas de recursos’, cada día sufrirán de manera más cruenta la violencia del saqueo y su correlativo empobrecimiento, que a la vez causa éxodos masivos. Hay una carrera del gran capital por hacerse cada día más con los recursos planetarios.
2. ¿Por qué debería interesar el caso colombiano a los pueblos del mundo?
El estudio del caso colombiano arroja luces indeclinables sobre la realidad mundial: como una muestra en quintaesencia del capitalismo. Por esta razón hay un constante esfuerzo mediático en tergiversar la realidad colombiana, en invisibilizarla e impedir la comprensión de una realidad que es una radiografía de las mestástasis más atroces del sistema imperante. La resistencia del pueblo colombiano es asimismo tergiversada e invisibilizada en ese esfuerzo constante de los monopolios de difusión de realidad virtual de implementar la guerra mediática contra la comprensión de la realidad, haciéndo ver a las resistencias populares como “terrorismo”. El estudio a las fuentes de los sujetos históricos y sociales deviene una verdadera hazaña en medio del amedrentamiento contra la investigación social y el pensamiento crítico: no obstante su peligrosidad, ese estudio es indispensable.
La realidad colombiana expresa al capitalismo en su rostro más desnudo: en ella se plasma el despojo y reacomodo territorial destinado a escala planetaria a todas las zonas que presenten un interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos y constituye un ecocidio doblado de un genocidio. Por esta razón es fundamental su conocimiento y análisis para los pueblos. Por ello también urge la solidaridad internacional en acompañamiento al pueblo colombiano. Urge el estudio de la realidad colombiana por motivos que atañen al devenir de la región, por motivos estratégicos para los pueblos en la lucha por su supervivencia, y por motivos éticos ante el gravísimo drama humanitario: cada día crece el crimen de Lesa Humanidad ante el cual el planeta no puede seguir impasible, legitimando un régimen de terror.
En Colombia es tangible la fase más descarnada de la acumulación capitalista, y las estrategias represivas son acicateadas en ese laboratorio del horror. La experiencia en estas estrategias del terror, alimentada por formadores estadounidenses e israelíes, e implementada en la carne del pueblo colombiano, es asimismo exportada como método de control social, sabotaje, exterminio de la reivindicación social y contrainsurgencia a países de la región (Honduras, México, Venezuela).
Las cifras son elocuentes: los niveles de represión estatal se expresan en la existencia de 9.500 presos políticos [3]; en la eliminación física de todo un partido político: La Unión Patriótica (más de 5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado, consta ante la CIDH como genocidio político)[4]. El exterminio contra la oposición política se expresa en que más de la mitad del total de sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia, denuncia la CUT: "En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: un genocidio contra el movimiento sindical”[5]. En mayo 2012, el Tribunal Sindical Mundial condenó al estado colombiano: “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical”[6].
La planificación de la acumulación de tierras mediante el despojo violento se expresa en la existencia de 5,4 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras para beneficio del gran capital, millones de personas malviviendo en cinturones de miseria o campos de refugiados [7]. El despojo continúa aceleradamente ya que el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos de la minería multinacional; de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin [8].
El genocidio se plasma en unos niveles de desaparición forzada alarmantes: El 23 de mayo 2011 el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia [9]. El crimen de Estado de desaparición forzada de la "democracia" en Colombia ha rebasado las dramáticas cifras de las dictaduras del Cono Sur: sólo en 3 años el Terrorismo de Estado ha desaparecido a 38.255 personas (Medicina legal) [10]. Las estimaciones de desaparición forzada son minimizadas desde el Estado, sin embargo: “Al mes de noviembre de 2010, las estadísticas oficiales del gobierno de Colombia registran más de 51.000 Desapariciones”[11]. En enero 2011 la Fiscalía publicó un informe [12]: tiene documentados 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, cometidos por la herramienta paramilitar, en un lapso de tan solo 5 años. Una estimación de Piedad Córdoba, basada en cotejo de informes y el conocimiento de la sistemática subvaloración de los registros oficiales cifró en unos 250.000 los desaparecidos en 20 años [13]. A noviembre 2011 el Registro Nacional de Desaparecidos, reportaba un total de 50.891 casos de personas desaparecidas[14]. En Mayo 2012, Yaneth Bautista, de la Fundación Nidia Erika Bautista, ‘señaló que "en lo que va corrido del Gobierno Santos se han registrado oficialmente 500 desapariciones forzadas en Colombia, especialmente en Bogotá, Antioquia, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca’ [15]. El observatorio de DDHH de la coordinación Colombia-Europa-EEUU, expresa en mayo 2012 que hay un “continuo aumento de los casos en el país (…) Las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad en la que permanecen los crímenes. (…) Las desapariciones forzadas forman parte de una práctica sistemática de ataques contra la población civil, que han sido funcionales al sostenimiento de las élites sociales, políticas y económicas del país”[16]. Hay un esfuerzo estatal para subvalorar y configurar impunidad para el crimen de estado de la desaparición forzada: “El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en las comunidades donde viven los familiares de personas desaparecidas, consolidan un marco que mantiene el trauma psicosocial (…) muchos casos no se denuncian por la mala administración de justicia, la ineficacia de los mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los testigos de las desapariciones(…)[17]. A lo anterior se suma la iniciativa del Gobierno del presidente Santos que está promoviendo un nuevo marco normativo con preocupantes limitaciones a los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas.” [18]
La represión y exterminio contra la oposición política se plasma en el hallazgo de la mayor fosa común de Latinoamérica, detrás del batallón militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos por la Fuerza Omegadel Plan Colombia, fuerza que goza de estrecha ‘asesoría’ estadounidense [19].
Colombia sufre el ejércíto más enorme de la región: éste es campeón mundial en recepción de ayuda militar estadounidense, junto con Israel. La barbarie militar queda retratada en que al menos 3.345 niños y jóvenes civiles han sido asesinados por los militares para disfrazar sus cadáveres y utilizarlos en montajes militaro-mediáticos destinados a la guerra sicológica y la inyección de terror, en los mal llamados ‘falsos positivos’. Estos crímenes de estado, incentivados desde el ministerio de defensa de Juan Manuel Santos por mecanismos de recompensas, continúan en la actualidad [20].
La herramienta paramilitar, funcional al gran capital, sigue su accionar en coordinación con las fuerzas oficiales. Bajo el gobierno de Santos ha gozado incluso de un rebautizo con la finalidad de perpetuarla; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemísitico término de bandas criminales (BACRIM). La persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) Continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual.”[21]
El movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa en 2012: “Ante la magnitud del despojo de las tierras (más de 10 millones de hectáreas) usurpadas violentamente por la estrategia estatal, paraestatal y empresarial a campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas, denunciamos la continuidad de la política del desplazamiento forzado de más de 5 millones de personas, como una estrategia de contra-reforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras, consolidando la injusta asimetría sobre la propiedad de la tierra y con ella profundizando el conflicto social, político y militar. (…) El 0,4 % de los propietarios poseen más del 60 % de los predios, mientras el 57% de la gente tiene menos del 2% de los predios. Pero aún más grave es que el gobierno colombiano haya concesionado 39 millones de hectáreas a empresas multinacionales mineras.” [25]
En los siguientes capítulos ahondaremos en la tenencia de tierras a nivel mundial y la escalada de compra de tierras por multinacionales, ahondaremos en la ingerencia estadounidense, con un recuento histórico, y veremos cómo las bases militares se siguen instalando pese al fallo de la Corte Constitucional, con contratos multimillonarios ya firmados de adecuación para las instalaciones. Ahondaremos en geoestrategia, planes de saqueo multinacional, infraestructuras de extracción de recursos (IRSA); analizaremos la forma en que se le da continuidad a la estrategia de terrorismo de estado y a la herramienta paramilitar con la finalidad de la adaptación territorial a los intereses del gran capital. Abordaremos otros puntos de ‘semántica y cosmética’ claves en la perpetuación del genocidio que viabiliza el expolio.
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